CASO TIQUIPAYA
by execlub on Jun.16, 2012, under corrupción, empresas, justicia, negocios, regionales
Ratifican en Tiquipaya paro por lío de tierras
El Comité de Vigilancia de Tiquipaya ratificó ayer su convocatoria a un paro cívico para el 18 de junio en defensa de las 47 hectáreas de terreno, cuya propiedad reclama la empresa Consarq, que asegura haber adquirido las mismas en 2009 a través de una venta judicial.
El presidente del Comité de Vigilancia, Adolfo Copa, informó que la resolución de la asamblea de OTBs, es realizar un paro cívico el 18 de junio y una marcha desde Tiquipaya a la ciudad de Cochabamba, en respaldo al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
La disputa por las 47 hectáreas se encuentra actualmente en análisis en el INRA, debido a que la Alcaldía ha enviado una solicitud de saneamiento simple de oficio. Sin embargo, el pedido es evaluado debido a que no hay claridad para determinar si las 47 hectáreas están en el área urbana o rural.
Según el director departamental del INRA, Jaime Copa, lo que le corresponde a la institución es, principalmente, aclarar si está dentro del área urbana o rural, pues para que el INRA tenga su jurisdicción el terreno debe estar en el área rural, de acuerdo con el Decreto Supremo 29215 y la Ley 1715.
La empresa Consarq, a través de un comunicado público, expresó que en los últimos meses se ha realizado “una campaña de desinformación orquestada por personas ligadas al gobierno municipal de Tiquipaya”.
Según Consarq, “la empresa es dueña y legítima propietaria de los terrenos de la extensión de 47 hectáreas, ubicadas en el cantón Tiquipaya, que fueron adquiridas mediante compras judiciales y directas, como se evidencia en Registros Públicos de Derechos Reales”.
Los representantes de Consarq advierten que las 47 hectáreas están en un área urbana según lo determinado por la Ordenanza Municipal 211/2009.
El alcalde de Tiquipaya, Saúl Cruz, expresó ayer que no podía emitir una declaración sobre el conflicto con Consarq, debido a que se encontraba en una reunión en Santa Cruz. En tanto que el asesor legal, Juan Manuel Villarroel, en una reunión con el Comité de Vigilancia tampoco quiso dar declaraciones.
Presentan certificación
Según la empresa Consarq, representada por Edwin Saavedra Toledo, la propia Alcaldía de Tiquipaya ha certificado que el terreno en conflicto se halla dentro del área urbana, lo cual impediría que el INRA realice un proceso de saneamiento.
Consarq respalda su defensa en una certificación de la unidad de Catastro de la Alcaldía, registrada con el número 813151, que señala que las 47 hectáreas, “de acuerdo al Plan Director vigente, se encuentran dentro del área de uso urbano”.
Según el director departamental del INRA, Jaime Copa, el inicio del saneamiento de las 47 hectáreas depende del informe que la Alcaldía de Tiquipaya y el Ministerio de Planificación emitan sobre la ubicación del terreno, para determinar si están en la zona urbana o rural.
Según uno de los asesores de la Alcaldía, si bien el terreno se encuentra en un área urbana, la mencionada resolución no está homologada por el Ministerio de Planificación, por lo tanto mantiene su característica de rural y añadió que éste es un problema que se presenta en muchos municipios.
Tiquipaya va al paro y Consarq a la lucha legal
Al menos 78 OTB de Tiquipaya participarán del paro cívico convocado para el 18 de junio por el Comité de Vigilancia de Tiquipaya, exigiendo que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declare a las 47 hectáreas de la empresa Toyosa - Consarq tierras fiscales.
Las representantes legales de la empresa Toyosa-Consarq observaron que el cabildo del 8 de junio, en el cual se decidió llamar a un paro cívico, contó con poca participación de las instituciones. Explicaron que el encuentro contó con 70 asistentes, la mayoría de ellos funcionarios municipales que son presionados para llevar entre dos y 5 personas a reuniones.
El Comité de Vigilancia, Concejo Municipal y la Alcaldía demandan que el INRA revierta las 47 hectáreas que Toyosa-Consarq adquirió a través de varias compras judiciales (remates).
Los pobladores alegan que las tierras le fueron dotadas gratuitamente a la familia Canedo y al no haber cumplido con su función económica social, desde 1972 corresponde que se realice un saneamiento y se las declare tierra fiscal.
Para las abogadas de la empresa Toyosa-Consarq, el pedido representa un desconocimiento a la propiedad privada, el cual se ha reflejado desde 2009 en un avasallamiento de sus predios, ubicados en la OTB Collpapampa y La Floresta.
El paro cívico concluirá con una marcha a la plaza principal de la ciudad en el cual se expondrán los motivos para reclamar las 47 hectáreas, que incluso ahora ya son ocupadas por un grupo de vendedoras que los domingos realizan una feria en el lugar y la Alcaldía cobra impuestos. Según las representantes de la empresa Toyosa-Consarq, al margen de la movilización continuarán reiterando su derecho propietario sobre las 47 hectáreas con la documentación de respaldo y esperan que el INRA descarte intervenir en el saneamiento, porque los terrenos se encuentran en un área urbana.
Cabildo decide hoy expropiación de tierras en Tiquipaya
La empresa propietaria del terreno acusa al alcalde de violar sus derechos.
Para hoy está prevista la realización de un cabildo en Tiquipaya, organizado por el alcalde municipal, con el fin de definir la expropiación de 47 hectáreas que pertenecen a una empresa privada. El alcalde de Tiquipaya, Saúl Cruz, convocó al cabildo denominado “Gran encuentro en defensa y consolidación de las 47 hectáreas a favor del municipio”. Las 47 hectáreas fueron adquiridas en años anteriores por la empresa constructora Consarq SA en un remate bancario.
La empresa distribuyó una nota de prensa en la que señala que ya en el pasado Cruz organizó la toma de esos terrenos. La nota de la empresa añade que el alcalde utilizó para ello “los vehículos y el personal de la Alcaldía de Tiquipaya”.
La empresa Consarq SA dijo que el año 2009 el municipio de Tiquipaya amplió la mancha urbana hasta donde se encuentran dichos predios. Sin embargo, posteriormente, la misma Alcaldía cambió la normativa y pretende definir que los terrenos son “rurales”, a fin de facilitar su intento de expropiación. “De esa manera busca tratar de cumplir con su hipótesis, referida a que son terrenos que deberían tener una función agrícola y así poder expropiarlos”, dijeron en la empresa. El alcalde Cruz y sus concejales defienden sus medidas y aseguran que se enmarcan dentro de la ley.
En una reciente entrevista, Cruz defendió su tesis de expropiación señalando que la Constitución establece que los terrenos agrícolas deben tener una “función económica y social”. El funcionario dijo que esas tierras, desde hace décadas, no cumplen esa función y que, por lo tanto, la comunidad puede “consolidar” esos terrenos. En la entrevista, Cruz admitió que Consarq SA compró esos terrenos por vía judicial, pero insistió en que los propietarios originales las obtuvieron sin pagar al Estado.
El alcalde explicó que un cabildo puede estar por encima de disposiciones legales y de los instructivos del INRA. Admitió que esta entidad está realizando los estudios técnicos necesarios para establecer fehacientemente la propiedad de los terrenos.
El plan de expropiación mediante la vía del cabildo según el no contradice el discurso del presidente Evo Morales, precisamente en Tiquipaya, en el que aseguró que la propiedad privada es respetada en el país y que ello es importante para lograr mayores inversiones. Consultado al respecto, Cruz dijo que “la propiedad privada sí se respeta”, lo mismo que el discurso del Presidente, menos en el caso de que los dueños hayan adquirido el bien a una empresa anterior que “recibió las tierras en dotación”.
REPRESENTANTES DE LA EMPRESA REQUIRIERON EL RESGUARDO DE 80 POLICIAS PARA IMPEDIR UNA TOMA VIOLENTA DE LAS 47 HECTAREAS EN DISPUTA
En Tiquipaya convocan a la “lucha’’ por tierras de Consarq
Autoridades del municipio de Tiquipaya convocan a sus vecinos a tomar predios de 47 hectáreas que son disputados con la empresa Consarq, en la localidad de Qollpapampa. Mientras los personeros de Consarq lograban ayer que casi un centenar de policías custodiaran los terrenos ante una posible toma de los mismos, los representantes de 72 instituciones del municipio se reunieron anoche en el coliseo de esa localidad y determinaron exigir, con movilizaciones, un paro cívico y un cabildo, para que las 47 hectáreas pasen a propiedad municipal.
Representantes de la empresa denunciaron ayer que la Alcaldía de Tiquipaya incita a los pobladores a avasallar la propiedad privada y asistir a un cabildo para decidir el futuro de los predios sin importarles los documentos existentes. Ante esa posibilidad, la empresa requirió la presencia de 80 policías para resguardar la propiedad.
CABILDO .- Anoche, las autoridades de Tiquipaya emitieron una resolución que instruye a todos los vecinos, transportistas, regantes, OTB, comerciantes y demás instituciones acudir el próximo lunes 18 de junio a una masiva marcha que partirá de la plaza principal a las 8:00 horas rumbo a la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba.
“La determinación es que vamos a defender las 47 hectáreas para la instalación de un complejo integral”, dijo el presidente del Concejo Municipal, Emilio Fernández, quien asegura que la Municipalidad prevé construir un hospital, un mercado, campos deportivos y áreas de recreación. “Desde hace 20 años que esos terrenos no han cumplido ninguna función económica social”, dijo el presidente de la OTB Qollpapampa, Víctor Camacho. Vecinos de la OTB Qollpapampa habrían intentado tomar por la fuerza estos predios el 7 de julio del año pasado.
Junio 16th, 2012 on 10:06 am
Vaya entro relajarme al Internet y aprovechando que mi mujer e hija se fueron a La Cancha, pensé en tener algo tiempo para mi. Ustedes sepan que este negocio es entre Toyosa y la familia de Linera. Ya a fines del 2010 denunciamos como la hermana de Linera estaba al mando tractores iniciando trabajos en estas tierras. No me sorprendería que esten los Ruiz de la Univalle que igual compraron los terrenos a precio de gallina muerta. Soy defensor de la propiedad privada; aca en mi barrio vivimos en paz (Cuatro Esquinas) pero eso no debe alentar a los vivillos de siempre. Linera siempre dejó malos recuerdos en Cochabamba, solo que no nos castigue Dios que se venga a vivir por estos lados o su hermana siga metiendo narices en contra de nuestra región. Como dijeron antes otras socias, usted dice y no dice, gracias por dejarnos tarea.
Junio 16th, 2012 on 10:42 am
La inseguridad jurídica que genera la reversión de tierras representa una amenaza para la producción de alimentos y es el principal obstáculo para que las entidades del sistema financiero viabilicen el crédito al sector agrícola.
El Informe de Gestión de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) señala que el sistema bancario realiza “esfuerzos muy grandes” para incentivar la demanda de créditos, principalmente en el sector productivo.
Sin embargo, un mayor desarrollo del mismo depende de la evolución de las expectativas de los inversores. “Cada cierto tiempo —ya sea por iniciativa del Estado, o por requerimiento o denuncia de algún sector— se hace una inspección a las tierras de los agricultores. Y si se considera que éstas no cumplen una función económica-social, pueden ser sujetas a reversión”, dijo a La Razón el presidente de Asoban, Kurt Koenigsfest.
El ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, denunció el avasallamiento de 15.000 hectáreas (ha) de tierras productivas en el departamento de Santa Cruz, por parte de municipios presumiblemente afines al MAS.
Según el informe de Asoban, la emisión de las disposiciones legales que rigen a la actividad pública y privada en el marco de la actual Constitución, así como los incentivos que el Estado establezca para el sector productivo, juegan un papel “decisivo” en la evolución de las inversiones y, por ende, en la cartera de créditos.
“En este momento, los agricultores del país tienen miedo de extender las propiedades agrícolas que desarrollan, porque éstas pueden ser sujetas a expropiación y piden garantías para que esto no suceda. Entonces, la función económica-social es hoy una de las limitantes para extender la producción”, sostuvo Koenigsfest.
El sector agrícola, dijo, es complejo y su desarrollo depende de factores externos. No obstante, se espera que los efectos climáticos negativos en la producción de alimentos sean mitigados con la próxima implementación del Seguro Agrícola Pachamama.
Otra traba se presenta también en el hecho de que la estructura de la cartera del sistema financiero debe estar en relación con el de los depósitos. “Si nosotros recibimos depósitos de corto plazo (100 ó 150 días), difícilmente podemos prestarlos (en créditos) por cuatro o cinco años, como pueden llegar a demandar los ciclos de la agricultura”, sostuvo Koenigsfest.
La creación de un fondo, agregó, permitiría también al sector productivo contar con recursos que les permitan cubrir sus pérdidas ante desastres naturales.
BM apoyará 2 proyectos productivos. Gobierno y Banco Mundial (BM) suscribieron un acuerdo para financiar con US$70 millones dos programas de apoyo a la producción de alimentos.
La certera productiva de la banca es de 36%. De enero a julio de la presente gestión, el 36% de la cartera crediticia de las entidades bancarias (US$1.500 millones) fue otorgado a proyectos productivos, informa la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban).
El titular de la institución, Kurt Koenigsfest, dijo a La Razón que el crédito productivo que otorga la banca mantiene buenos niveles en los últimos años.
“El 36% de la cartera de los bancos del sistema financiero está en el sector productivo, el monto otorgado a ese sector no es poco”, expresó el ejecutivo.
Los créditos del sector fueron entregados a proyectos desarrollados en el sector agropecuario, minería, construcción, manufactura, generación eléctrica, servicios, entre otros.
“Con excepción de algunos años, cuando hubo mayor participación del sector agricultor, el crédito productivo casi siempre se ha mantenido en niveles similares”.
El ministro de Economía, Luis Arce, anunció que la nueva Ley de Bancos y Entidades Financieras diferenciará las tasas de interés para préstamos al sector productivo respecto del otorgado a otras actividades. “Tiene que premiarse el crédito productivo y de vivienda; por lo tanto, tiene que haber diferencias de tratamiento en estos créditos”, dijo el ministro.
Junio 16th, 2012 on 10:44 am
La toma de tierras en el municipio cruceño de San Julián es un hecho.
Unas 70 personas se encuentran instaladas en parcelas, que en conjunto suman 33.000 hectáreas. Aseguran que no buscan problemas, pero varias están con armas de caza.
Pese al evidente conflicto, el INRA dijo que por el momento no tiene ninguna denuncia por parte de los supuestos propietarios.
Mientras tanto, la Confederación Agropecuaria Nacional cree que los focos de conflicto por la tierra -ayer fueron desalojadas 300 familias que habían parcelado terrenos de YPFB-Transredes, en Santa Cruz- se deben a que el Gobierno ha confundido a los campesinos al prometerles todo, una vez aprobada la nueva Constitución Política del Estado.
Junio 16th, 2012 on 12:12 pm
Esto tiene que teminar, la semana pasada colonos del Chapare se entraron a una propiedad. La imágen del país baja y el Gobierno debe cuidar esa imagen para atraer a inversionistas.
Suerte que este lío de Toyosa, no ocurrio en Asamblea de la OEA.
Junio 16th, 2012 on 12:14 pm
No me vengan con chácharas, cuantas camionetas, jeeps y ambulancias le costó al país señor Garcia Linera?
Junio 16th, 2012 on 4:40 pm
El derecho-deber de la persona humana de dominar la tierra nace del hecho de que es imagen de Dios: corresponde a todos y no sólo a algunos la responsabilidad de la creación.
En Egipto y en Babilonia este privilegio era sólo de algunos. En la Biblia, en cambio, el dominio pertenece a la persona humana en cuanto tal y, por lo tanto, a todos. Más aún, es la humanidad conjuntamente la que se debe sentir responsable de la creación.
Dios deja al hombre en el jardín para que lo labre y lo cuide (Gn 2, 15) y para que se alimente de sus frutos. En Egipto y en Babilonia el trabajo es una dura necesidad impuesta a los hombres en beneficio de los dioses: en realidad, en beneficio del rey, de los funcionarios, de los sacerdotes y de los terratenientes. En la narración bíblica, en cambio, el trabajo es algo que contribuye a la realización de la persona humana.
Junio 17th, 2012 on 1:17 am
Es una pena lo que está pasando en Tiquipaya, porque aflora la mala orientación de sus autoridades, veamos porque:
1) Si es cierto que hace 20 años, esas 47 hectáreas de terreno no cumplen con una “función social y económica” como rige en la actual Constitución; dónde estuvieron estos señores en su momento para cuestionar el caso consecionado a título gratuito, o es que, antes no había que hacerlo ¿y ahora sí?
2) Lamentablemente, no estamos en un sistema que obedezca sólo a la propiedad social de los medios de producción, sino más bien a la privada y estatal (capitalismo de Estado), en mejores condiciones que lo que ofrecía el Estado Neoliberal.
3) La sabiduría de los dirigentes estriba en manejarse en razón a las masas expresada en sus acciones directas (marchas, asambleas, cabildos, etc), pero, sin desviarse de las normas que hacen a la conducción del Estado, sino sería todo un caos o anarquía.
4) La compra jurídica se supone la más segura, y si el objeto de la compra está reconocida por el municipio de Tiquipaya formalmente; no cabe duda de que se trata de un derecho consolidado, haciendo abstracción de que sea el nuevo propietario.
5) Los medios de producción que no sean estrictamente agrícolas ¿dónde se afincarán?, ¿en los centros urbanos?. El sentido común dice todo lo contrario. Lo importantes es que éstos procuzcan el menor daño ecológico-ambiental posible. Por ello el estudio de la Ingeniería Ambiental.
6) Si el Alcalde de Tiquipaya y sus asesores no saben que responder sobre el caso, ¿cómo convencerán a su pueblo para movilizar en la lucha “cívica”?. Lo más probable es que se lo haga en base a consignas que toquen lo más sensible de la población, como mercados, o infraestructura para salud y educación, pero esa será una forma tramposa de conducir a las masas.
7) Finalmente, si es cierto que esos terrenos cuestionados, se los requiere para construir “un hospital, un mercado, campos deportivos y áreas de recreación”, no se necesita quebrantar la ley, sino recurrir más bien a ella, para una expropiación por necesidad pública.
Por lo demás, grandes Morales Ayma-García Linera, por todo cuanto hacen, a lo que hicieron los vende patrias (MNR, MIR,ADN, NFR y otros menores).
Junio 17th, 2012 on 9:30 am
La hermana del Sr. Garcia Linera, es accionista de Toyosa y asesora personal del dueno de Toyosa, Sr Saavedra, asi que los ciudadanos de Tiquipaya perderan este litigio.
Junio 17th, 2012 on 1:46 pm
Podrá el Sr Saavedra Toledo, salirse con la suya en este caso ? dudo. Hay gentes que saben que este siniestro personaje compra gente y conciencias para seguir vendiendo sin competencia. Mi marido trabaja ahora con una representacion coreana y ve que no puede competir con los Toyosa por sus garras atadas al gobierno.
Junio 17th, 2012 on 3:26 pm
Rio+20: Manifiesto desde Bolivia clama para que no se mercantilice la tierra
Documento de representantes civiles de 12 países latinoamericanos rechaza la imposición de la denominada “economía verde” que exacerbará el modelo extractivista, el dominio transnacional y el quebranto de la naturaleza y el medio ambiente
Plataformaenergetica.org (La Paz, 15 de junio de 2012).- La cumbre latinoamericana preparatoria para Rio+20 denunció en la palestra internacional las irreparables y nefastas consecuencias de la imposición global de la denominada “economía verde”, promovida por los países desarrollados y las grandes corporaciones privadas, según el documento difundido por la Plataforma Energética.
“Denunciamos que la Economía Verde sigue apostando por la errónea idea de un crecimiento económico infinito en un mundo que tiene límites. Rechazamos la mercantilización de la Madre Tierra - de sus ciclos vitales y sus funciones, así como los pagos por “servicios ambientales” para crear nuevos productos financieros para el mercado especulativo”, señala el documento aprobado por las organizaciones civiles latinoamericanas, reunidas en la ciudad de La Paz los últimos días de mayo.
“Denunciamos que la Economía Verde no acabará con el modelo extractivista. La minería, los hidrocarburos y el modelo agroexportador seguirán teniendo impactos negativos para el medio ambiente y los derechos de los pueblos. La economía verde fortalecerá el poder económico de las transnacionales que son incluso mucho más influyentes que los países más desarrollados y que además cuentan con mecanismos de autoprotección a través de los Tratados de Libre Comercio, como son los sistemas de arbitraje para proteger sus inversiones y ganancias futuras, como el CIADI”, dice el documento denominado “POSICIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE RIO+20 Y LA ECONOMÍA VERDE” (ver documento completo en la web de la Plataforma, link al final de esta nota).
En el encuentro de La Paz, denominado “Defendiendo los derechos de los pueblos en Rio+20 y más allá”, participaron representantes de organizaciones civiles y sociales de Haití, Argentina, Chile, Brasil, Honduras, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Filipinas.
Según estas organizaciones latinoamericanas, “la imposición de la Economía Verde en América latina y el Caribe se constituirá en un retroceso de las conquistas de las luchas de los pueblos, afectando derechos ya constituidos como el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos indígenas, entre otros”.
El pronunciamiento también es concluyente sobre los proyectos extractivistas. “Exigimos el cese de todos aquellos proyectos destructivos de la Madre Tierra como son la minería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos en zonas ecológicamente sensibles, las megarepresas y los proyectos del IIRSA. Rechazamos los procesos de integración regional que son dominados por las grandes capitales”.
Entre las demandas que las organizaciones latinoamericanas presentarán en la Cumbre de Rio+20 están las exigencias a los gobiernos latinoamericanos para que no avalen la economía verde. “Exigimos a los gobiernos nacionales que defiendan activamente los intereses de sus pueblos en el actual texto de negociación y asuman responsabilidad con las futuras generaciones. Exigimos a los gobiernos no avalar la Economía Verde y no aceptar los acuerdos de Rio+20”.
“Exigimos a los gobiernos nacionales defender el derecho al agua, y los derechos de la Madre Tierra y los derechos de los pueblos indígenas expresados en las resoluciones de la Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático (Tiquipaya, 2010)”, agrega.
El manifiesto latinoamericano denuncia, además, que “las transnacionales del G8, en complicidad con los Estados, han capturado el sistema de la ONU, se han apropiado del discurso social y ecológico, y tienen una mayor participación en las negociaciones de Rio+20 que la sociedad civil. Los grandes intereses privados que más contaminaron el planeta, junto al Banco Mundial y el G20, impulsan la Economía Verde para reposicionarse y continuar haciendo negocios como siempre”.
Frente a ello, el manifiesto convoca “a la sociedad civil internacional a construir alianzas para resistir la imposición de la Economía Verde en la región y a construir un nuevo modelo para lograr el Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra. El Estado, las comunidades, la cooperación internacional y otros sectores deberán evitar la degradación del medio ambiente de forma directa o indirecta que atente contra los derechos humanos y de la madre tierra (agua, aire, tierra) y deberán velar por la restauración de las zonas afectadas”.
El encuentro regional latinoamericano fue organizado en la ciudad de La Paz Bolivia por IBON Internacional (Filipinas), CEDLA (Bolivia), UNITAS, Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Fundación Solón, Fundación Jubileo.